No soy español. Soy colombiano y llevo 31 años viviendo en Londres. Sin embargo, mi trabajo como periodista y mis lazos familiares me han permitido conocer España bastante bien, no solo como turista, sino recorriéndola de verdad.
Cubrir la Vuelta a España en varias ocasiones me llevó a atravesar el país de sur a norte y de oriente a occidente. Me permitió conocer mucho más que Madrid, Barcelona o Valencia. Dormí en pequeños pueblos de distintas comunidades autónomas, conversé con su gente, caminé por sus calles y observé una realidad que a veces pasa desapercibida para quienes solo conocen las grandes ciudades.
Y es precisamente en esos pueblos donde se aprecia con mayor claridad uno de los mayores desafíos de España: el envejecimiento de su población.
Los españoles tienen la fortuna de pertenecer a una de las sociedades con mayor esperanza de vida del planeta. Viven más de 84 años en promedio. Pero esa buena noticia viene acompañada de otra realidad: nacen pocos niños. La edad media de la población española supera ya los 45 años y la edad más frecuente ronda los 49. Basta recorrer muchas localidades del interior para darse cuenta de ello. Hay pueblos donde los jóvenes son cada vez menos visibles y donde gran parte de la población pertenece a generaciones mayores.
Por eso también es en esos mismos pueblos donde se entiende la importancia de la inmigración.
Uno encuentra inmigrantes atendiendo panaderías, carnicerías, tiendas tradicionales y restaurantes. Los encuentra en el campo recogiendo cosechas, en los hoteles, en los bares, en las obras de construcción y en los servicios que mantienen funcionando la economía cotidiana. Vas a un hospital y te encuentras con médicos, enfermeras y auxiliares procedentes de América Latina. Vas a una residencia de mayores y descubres que buena parte del personal que cuida a los ancianos nació en otro país.
Esa es la España real.
Por eso creo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado una decisión acertada al afrontar una realidad demográfica que existe independientemente de las ideologías. Lo que algunos sectores de la ultraderecha se resisten a aceptar es que España necesita sangre joven. Necesita trabajadores. Necesita personas que contribuyan a sostener un sistema de pensiones cada vez más presionado por el envejecimiento de la población.
Por supuesto que siempre habrá debates legítimos sobre salarios, vivienda o integración. Pero los inmigrantes no hemos diseñado las estructuras económicas ni las políticas laborales de los países que nos reciben. La inmensa mayoría llegamos con una idea muy simple: trabajar, progresar y construir una vida mejor para nuestras familias.
Por eso merece reconocimiento la decisión de abrir una vía para que más de un millón de personas puedan regularizar su situación y aportar plenamente a la sociedad. Según el propio Gobierno español, cerca de 1,2 millones de inmigrantes han solicitado acogerse a esta medida extraordinaria en apenas dos meses y medio, una cifra que las autoridades consideran un éxito y que coincide con la posición de sindicatos y expertos que insisten en que la inmigración es hoy una necesidad para España.
Y quizá la lección más importante es que España no será una excepción.
Tarde o temprano otros países europeos enfrentarán exactamente el mismo dilema. Italia, Portugal, Alemania e incluso el Reino Unido muestran tendencias similares: menos nacimientos, poblaciones cada vez más envejecidas y una creciente escasez de trabajadores en sectores esenciales. La matemática demográfica es implacable. Se puede convertir la inmigración en un debate político, pero resulta mucho más difícil convertirla en una realidad prescindible.
Y me voy a atrever a hacer una predicción.
No soy adivino. Los periodistas tampoco tenemos una bola de cristal. Pero después de más de tres décadas cubriendo política, economía y fenómenos sociales en distintos países, creo que puedo intuir hacia dónde se dirige gran parte de Europa.
Probablemente veremos a la ultraderecha llegar al poder en varios países. Es posible que durante algunos años la inmigración disminuya de forma significativa como consecuencia de políticas más restrictivas. Muchos ciudadanos celebrarán esa reducción porque sentirán que se está cumpliendo una promesa electoral.
Pero después llegará la realidad.
Llegará el momento en que los empresarios comiencen a preguntarse quién va a ocupar los puestos que nadie quiere cubrir. Quién va a trabajar en el campo, en la construcción, en los hospitales, en las residencias de mayores, en los hoteles, en los restaurantes o en el transporte. Y cuando esa realidad económica choque contra los discursos políticos, veremos nuevamente un desplazamiento hacia posiciones más pragmáticas.
Porque una cosa son las elecciones y otra muy distinta es mantener funcionando una economía.
El Reino Unido ya ofrece un ejemplo interesante. El Brexit tuvo entre sus principales objetivos reducir la inmigración. Y efectivamente, una parte de la inmigración europea disminuyó. Más de dos millones de ciudadanos europeos abandonaron el país en los años posteriores al referéndum. Sin embargo, las necesidades del mercado laboral no desaparecieron. Las empresas siguieron necesitando trabajadores y el Gobierno terminó creando nuevas vías de acceso para estudiantes internacionales, profesionales cualificados y trabajadores de sectores con escasez de personal.
Muchos británicos no son conscientes de ello, pero miles de estudiantes extranjeros que llegan cada año para cursar maestrías y posgrados también forman parte de la solución al déficit de mano de obra que dejó la salida de tantos europeos. Cambiaron los mecanismos, cambiaron las categorías migratorias, pero la necesidad siguió siendo la misma.
Por eso creo que, tarde o temprano, gran parte de Europa acabará aceptando una realidad incómoda para algunos: la inmigración no es una anomalía temporal, sino una consecuencia natural del envejecimiento demográfico y de las necesidades económicas de sociedades cada vez más longevas.
Podrán cambiar los gobiernos. Podrán endurecerse o flexibilizarse las normas. Podrán ganar unos o perder otros. Pero la matemática demográfica seguirá allí, esperando.
Por eso sospecho que, con el paso de los años, otros gobiernos europeos terminarán haciendo lo que hoy está haciendo España: reconocer que la inmigración ordenada, regulada y vinculada al trabajo no es un problema que deba resolverse, sino una necesidad que debe gestionarse inteligentemente.
Porque cuando una sociedad envejece, alguien tiene que cuidar a sus mayores, construir sus viviendas, recoger sus cosechas, atender sus hospitales y mantener en marcha su economía.
Y en buena parte de Europa, ese alguien ya tiene acento extranjero.
Por Juan Carlos Bejarano B.
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