La batalla por la ciudadanía por nacimiento volvió a los tribunales estadounidenses después de que organizaciones de derechos civiles presentaran una nueva acción contra las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump el pasado 6 de agosto. Las organizaciones sostienen que las nuevas medidas intentan limitar un derecho protegido constitucionalmente.
Las órdenes representan un nuevo capítulo en el intento de la administración Trump de modificar las reglas de ciudadanía para determinados niños nacidos en territorio estadounidense. La Casa Blanca sostiene que las medidas están diseñadas para aplicar excepciones que, según su interpretación, no contradicen el fallo más reciente de la Corte Suprema.
El debate se produce después de que la Corte Suprema se pronunciara el 30 de junio sobre el intento anterior de restringir la ciudadanía por nacimiento. En esa decisión, el máximo tribunal rechazó la aplicación de una política más amplia impulsada por Trump.
La Decimocuarta Enmienda establece la base constitucional de la ciudadanía para las personas nacidas en Estados Unidos que estén sujetas a su jurisdicción. El alcance exacto de las nuevas órdenes es precisamente uno de los puntos que ahora deberán determinar los tribunales inferiores.
Una de las nuevas medidas está dirigida contra lo que el Gobierno denomina “turismo de nacimiento”, es decir, los casos en los que personas extranjeras viajan a Estados Unidos con la intención de dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.
La segunda orden contempla determinadas categorías relacionadas con hijos de funcionarios de gobiernos extranjeros, personas consideradas “enemigos extranjeros” y otros casos específicos definidos por la administración. El Gobierno afirma que se trata de circunstancias diferentes a la ciudadanía automática tradicional.
Organizaciones como la ACLU consideran que las nuevas medidas continúan chocando con las garantías constitucionales y han pedido a los tribunales que las bloqueen. Los grupos defensores de los inmigrantes advierten que la incertidumbre puede afectar especialmente a familias con diferentes situaciones migratorias dentro de un mismo hogar.
La disputa tiene especial importancia para las comunidades latinoamericanas en Estados Unidos, donde miles de familias tienen hijos nacidos en territorio estadounidense mientras sus padres mantienen diferentes tipos de estatus migratorio. El resultado de las demandas podría determinar hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en la interpretación de las excepciones a la ciudadanía.
Por ahora, el tema vuelve a quedar en manos de los tribunales. Mientras avanzan las demandas, organizaciones migratorias y familias latinas permanecen atentas a cualquier decisión judicial que pueda modificar el alcance de las nuevas órdenes.
Fuente: Reuters, Associated Press, Casa Blanca y Corte Suprema de Estados Unidos.
By
