El proceso dirigido a migrantes que ya se encontraban en España cerró con una cifra de solicitudes muy superior a las previsiones iniciales. La medida también ha tenido repercusiones entre ciudadanos venezolanos que se encontraban en el sistema de protección internacional.
España cerró su proceso extraordinario de regularización migratoria con 1.174.978 solicitudes, según datos recogidos por la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA). El procedimiento estaba dirigido a personas migrantes que cumplían determinados requisitos de permanencia en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025.
La medida contemplaba una vía hacia la residencia legal y el empleo para quienes acreditaran haber vivido en España durante al menos cinco meses antes de la fecha establecida y cumplieran las demás condiciones previstas. El proceso no suponía la obtención automática de la nacionalidad española.
La dimensión del proceso resulta especialmente relevante para las comunidades latinoamericanas, debido a la importante presencia de ciudadanos procedentes de países de la región entre la población migrante que reside en España. Venezuela aparece además entre las nacionalidades cuyo comportamiento migratorio ha sido analizado por la EUAA durante este año.
De acuerdo con el análisis de la agencia europea, la posibilidad de acceder a una vía alternativa de residencia pudo influir en la evolución de las solicitudes de protección internacional presentadas por ciudadanos venezolanos durante el primer semestre de 2026. La EUAA señala que las solicitudes venezolanas disminuyeron en ese periodo.
El proceso tuvo como fecha límite de presentación el 30 de junio de 2026. Las personas que llegaron posteriormente no quedaron incluidas, ya que uno de los requisitos fundamentales era demostrar la permanencia previa exigida por la normativa.
La regularización también ha generado debate dentro de la Unión Europea. El Parlamento Europeo analizó sus posibles efectos dentro del contexto de la crisis migratoria registrada en Ceuta durante julio, mientras distintos gobiernos europeos expresaron posiciones diferentes sobre las consecuencias de la medida
Las autoridades españolas han defendido el procedimiento como una vía para regularizar a personas que ya se encontraban en el país y cumplían los requisitos establecidos. El Parlamento Europeo, por su parte, ha documentado las distintas posiciones existentes entre los Estados miembros respecto a sus posibles efectos sobre los movimientos migratorios.
Para los latinoamericanos que viven en España, el proceso representa uno de los acontecimientos migratorios más importantes de 2026 por el número de personas que solicitaron acogerse a esta vía. Ahora comienza una nueva etapa relacionada con la revisión de los expedientes y la resolución de las solicitudes presentadas.
La cifra final convierte a este procedimiento en un acontecimiento de gran relevancia para la política migratoria española y para miles de familias latinoamericanas que esperan definir su situación administrativa. La evolución de las resoluciones será uno de los asuntos que habrá que seguir durante los próximos meses.
Fuentes: Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA)
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