La Unión Europea dio un nuevo paso hacia una política migratoria más estricta con la aprobación de nuevas reglas para acelerar la devolución de personas que no tienen derecho legal a permanecer en territorio comunitario. La medida entrará progresivamente en aplicación y modifica de manera importante el sistema europeo de retornos.
Uno de los elementos que más atención ha generado es la posibilidad de establecer centros de retorno en países situados fuera de la Unión Europea. Las personas que hayan recibido una decisión definitiva de retorno podrían ser trasladadas a estos lugares mientras se gestiona su salida del territorio europeo.
La normativa también crea una denominada Orden Europea de Retorno, que permitirá a los países miembros compartir y reconocer determinadas decisiones de expulsión. El objetivo es evitar que una persona con una orden de salida pueda trasladarse a otro Estado miembro para retrasar el procedimiento.
Para los latinoamericanos que viven en Europa, la medida resulta especialmente relevante para quienes se encuentran en situación irregular o tienen una solicitud de residencia o protección internacional que haya sido rechazada. La nueva normativa no modifica automáticamente los permisos legales de quienes cuentan con residencia vigente.
Las autoridades europeas aseguran que cualquier devolución deberá respetar los derechos fundamentales y el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución o graves violaciones de sus derechos. Los menores no acompañados quedan excluidos de los acuerdos sobre centros de retorno.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los migrantes han expresado preocupación por la aplicación práctica de estas medidas. Uno de los principales debates se concentra en las garantías legales que tendrán las personas trasladadas a centros ubicados fuera del territorio de la Unión Europea.
La Unión Europea sostiene que existe una importante diferencia entre las decisiones de salida y las devoluciones efectivamente realizadas. Según el Consejo de la UE, aproximadamente dos de cada tres personas a las que se ordena abandonar el territorio europeo finalmente no salen.
Las nuevas reglas llegan además en un momento de transformación del sistema migratorio europeo. Desde junio comenzó a aplicarse el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, mientras Bruselas busca reforzar los controles fronterizos, acelerar determinados procedimientos y aumentar la cooperación con países de origen y tránsito.
Para los latinoamericanos residentes en Europa, los especialistas recomiendan mantener actualizada la documentación migratoria y conocer los plazos para recurrir cualquier decisión administrativa. La entrada en vigor de las nuevas reglas representa un cambio importante, pero no significa que todos los migrantes estén en riesgo de deportación: las medidas están dirigidas principalmente a quienes no cuentan con derecho legal de permanencia.
Fuente: Consejo de la Unión Europea

















