Una investigación periodística internacional ha revelado graves condiciones laborales que estarían afectando a trabajadores migrantes contratados para construir grandes centros de datos en diferentes países europeos. El informe documenta denuncias de salarios impagados, alojamientos deficientes, jornadas prolongadas y problemas de seguridad en proyectos vinculados a la expansión tecnológica.
El trabajo fue desarrollado durante cinco meses por The Guardian y la organización Investigate Europe, que analizaron proyectos en Bélgica, Suecia, Noruega y Países Bajos. La investigación advierte que detrás del crecimiento de la infraestructura digital europea existen trabajadores que denuncian condiciones muy alejadas de los estándares laborales anunciados por las grandes compañías.
Uno de los casos documentados corresponde a un trabajador rumano en Bélgica que sufrió quemaduras graves y pérdida temporal de visión después de que, según su testimonio, le indicaran que unas líneas eléctricas estaban desconectadas cuando seguían teniendo corriente.
En Suecia, trabajadores vinculados a las obras de un centro de datos en Gävle describieron alojamientos hacinados, fríos y con presencia de plagas. También denunciaron dificultades para recibir atención adecuada frente a problemas de salud.
La investigación revisó nóminas que apuntarían a jornadas de entre 50 y 60 horas semanales sin el correspondiente pago de horas extraordinarias o vacaciones. Estas denuncias ponen bajo escrutinio las condiciones de contratación de trabajadores empleados mediante complejas cadenas de subcontratación.
El problema tiene una dimensión internacional porque buena parte de los proyectos tecnológicos europeos dependen de empresas contratistas y trabajadores desplazados desde otros países. Esto puede dificultar la identificación de responsabilidades cuando aparecen irregularidades laborales.
Las organizaciones sindicales consultadas advierten que la falta de acceso a representación sindical y la fragmentación de las empresas contratistas pueden dejar a los trabajadores en una posición vulnerable. En algunos casos, las personas afectadas temen denunciar por las consecuencias que podría tener sobre su empleo o permanencia en el país.
La investigación también recoge respuestas de compañías tecnológicas y contratistas, que afirman exigir el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad a sus proveedores y disponer de mecanismos de supervisión. Sin embargo, las denuncias documentadas plantean interrogantes sobre la eficacia de esos controles.
Para los latinoamericanos que trabajan en Europa, el caso constituye una advertencia sobre la importancia de conocer los derechos laborales, conservar contratos y comprobantes de pago y acudir a las autoridades competentes ante posibles abusos. El desarrollo tecnológico no puede construirse a costa de la seguridad y la dignidad de quienes realizan el trabajo.
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