Tres ciudadanos colombianos que fueron deportados desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo lograron llegar a España y solicitar protección internacional. Sus historias, publicadas este 30 de septiembre, reflejan las dificultades que afrontan algunas personas que buscan seguridad después de sufrir amenazas y procesos migratorios en distintos países.
Los tres colombianos habían recibido en territorio estadounidense protección bajo la Convención contra la Tortura, conocida como CAT. Esta figura impedía que fueran enviados de regreso a Colombia, pero no equivalía a una concesión de asilo ni excluía necesariamente su traslado a un tercer país, según explica la información publicada por El País.
El grupo fue trasladado a Kinshasa, capital congoleña, en abril de 2026. De acuerdo con los testimonios recogidos por el periódico, durante su estancia afrontaron restricciones para salir del alojamiento y dificultades relacionadas con las condiciones de vida. Los afectados aseguraron que temían por su seguridad y buscaron alternativas para abandonar el país.
Entre ellos se encuentra Carlos Rodelo, un colombiano de 43 años originario de Barranquilla, quien afirma haber recibido amenazas y extorsiones en su país. También se encuentra una mujer colombiana identificada en la publicación con un nombre ficticio por motivos de seguridad, quien relató haber sufrido violencia de género y largos periodos de detención migratoria en Estados Unidos.
Los afectados consiguieron documentos de viaje y recursos para trasladarse a Europa con ayuda de familiares, colectas y gestiones personales. Una vez en España, se dirigieron a Valencia, donde buscaron asistencia para iniciar sus procedimientos de protección internacional.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) les ha proporcionado orientación jurídica y apoyo para tramitar sus solicitudes. Sin embargo, presentar una petición no garantiza que sea aprobada: cada expediente debe examinarse individualmente y la decisión depende de las circunstancias y de los criterios legales aplicables.
Las cifras citadas por CEAR muestran la dificultad que pueden afrontar los solicitantes colombianos. Según los datos recogidos por El País, España resolvió 40.512 solicitudes de ciudadanos de Colombia durante 2025 y alrededor del 3 % recibió alguna forma de protección internacional. Este porcentaje corresponde a ese grupo y periodo, no a todas las nacionalidades que solicitan asilo.
Mientras esperan una resolución, los tres colombianos deben afrontar la incertidumbre sobre su futuro y sus posibilidades de reconstruir su vida. La documentación que acredita la solicitud de protección no equivale por sí misma a una autorización para trabajar, por lo que las condiciones de acceso al empleo dependen de la fase del procedimiento y de las normas aplicables.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de los latinoamericanos que se desplazan entre países en busca de seguridad y las dificultades que pueden surgir cuando una deportación los lleva a un territorio distinto de su país de origen. Para quienes viven en Europa, la historia subraya la importancia de recibir asesoramiento jurídico especializado y de conocer las vías legales de protección disponibles.
Fuente principal:El País.
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