Una investigación publicada este 10 de noviembre ha puesto bajo escrutinio los contratos públicos concedidos por el Reino Unido a empresas relacionadas con actividades comerciales en los asentamientos israelíes de Cisjordania. El informe señala que compañías vinculadas a estas actividades recibieron nuevos contratos por un valor aproximado de 10,7 millones de libras.
La cifra equivale a unos 14,4 millones de dólares y ha generado cuestionamientos sobre la aplicación de las medidas anunciadas por el Gobierno británico para impedir que empresas vinculadas a los asentamientos se beneficien de recursos públicos.
La investigación examinó registros de contratación pública, documentos empresariales, información corporativa y datos de adjudicaciones. También identificó compañías y filiales que aparecen relacionadas con empresas incluidas en registros de Naciones Unidas sobre actividades comerciales en los territorios palestinos ocupados.
Entre los grupos mencionados figura Heidelberg Materials, una multinacional alemana dedicada a los materiales de construcción. Sus filiales aparecen relacionadas con contratos británicos destinados principalmente a obras de carreteras y trabajos de mantenimiento de infraestructuras públicas.
La investigación también menciona a Motorola Solutions y sus empresas vinculadas, que han obtenido contratos relacionados con sistemas de comunicaciones utilizados por los servicios de emergencia y las fuerzas policiales británicas. El informe analiza sus actividades empresariales y las referencias que aparecen en los registros internacionales sobre el territorio ocupado.
Otro de los grupos señalados es el conglomerado chino Fosun International, relacionado a través de sus participaciones empresariales con compañías que han obtenido contratos en el sector sanitario británico. También aparece el grupo francés de ingeniería Egis, vinculado a proyectos de infraestructura y transporte.
El Gobierno británico había anunciado en septiembre nuevas facultades para sancionar a empresas e individuos que obtengan beneficios de actividades relacionadas con la expansión de los asentamientos israelíes. El anuncio fue presentado como parte de una política de presión económica y diplomática.
Sin embargo, la investigación sostiene que después de ese anuncio se publicaron nuevas adjudicaciones a compañías relacionadas con esas actividades. El debate se centra en cómo se aplican las restricciones, qué empresas pueden ser sancionadas y qué responsabilidad tienen las instituciones públicas que adjudican los contratos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre contratación pública, política exterior y cumplimiento del derecho internacional. También plantea preguntas sobre los mecanismos de control que utiliza el Reino Unido para verificar los antecedentes de las empresas que reciben dinero de los contribuyentes. aljazeera.com
Fuente: Al Jazeera.
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