Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Liberia para enviar hasta 1.200 personas deportadas durante el próximo año, en una nueva expansión de la política estadounidense de trasladar migrantes a países distintos de aquellos de los que son ciudadanos. El primer grupo, compuesto por unas 20 personas, está previsto para llegar este jueves.
El anuncio tiene especial relevancia para la comunidad latina porque las autoridades liberianas señalaron que entre las personas que podrían ser trasladadas habrá ciudadanos de América del Norte, América del Sur y el Caribe. Por ahora, Estados Unidos no ha revelado públicamente las nacionalidades específicas de los primeros deportados.
El acuerdo forma parte de una estrategia de la administración de Donald Trump para deportar a personas que, por diferentes razones legales, no pueden ser enviadas directamente a sus países de origen. Entre esos casos se encuentran personas que cuentan con determinadas protecciones frente a una devolución por riesgo de persecución o tortura.
El Gobierno de Liberia afirmó que las personas trasladadas serán recibidas como huéspedes y que podrán solicitar protección internacional en el país. También se ha indicado que tendrán la posibilidad de abandonar Liberia, aunque todavía existen interrogantes sobre cómo se desarrollará ese proceso en la práctica.
La medida genera preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, debido a que algunas de las personas podrían terminar en países con los que no tienen vínculos familiares, sociales o culturales. Los críticos consideran que estos acuerdos pueden dificultar el acceso efectivo a mecanismos de protección y asistencia legal.
El acuerdo con Liberia se suma a otros convenios impulsados por Washington con países africanos para recibir deportados de terceros países. Según organizaciones que siguen esta política, Estados Unidos ya ha trasladado a miles de personas bajo este tipo de mecanismos durante 2026.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las deportaciones forman parte de sus esfuerzos para hacer cumplir las leyes migratorias y aumentar la capacidad de expulsión de personas que consideran que no tienen derecho a permanecer en el país. La administración también ha buscado acuerdos con diferentes gobiernos para facilitar las expulsiones.
Para los migrantes latinoamericanos, el desarrollo de estos acuerdos representa un asunto que merece especial atención, debido a que algunas personas podrían ser trasladadas a países que no corresponden a su nacionalidad. El caso de Liberia amplía el debate sobre hasta dónde puede llegar Estados Unidos en la utilización de terceros países para ejecutar deportaciones.
El primer grupo de personas está previsto para llegar a Liberia esta semana y permitirá observar cómo funcionará en la práctica el nuevo acuerdo. Las autoridades liberianas deberán determinar los procedimientos de recepción, asistencia y eventual protección de los deportados.
Fuente: Reuters, Associated Press y El País.
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