Una nueva estrategia de deportación del Gobierno de Estados Unidos está generando preocupación en México y entre organizaciones defensoras de los migrantes. Durante 2026, más de 2.300 ciudadanos mexicanos han sido enviados a Guatemala antes de ser trasladados posteriormente a México, en una práctica que representa un cambio significativo frente al procedimiento habitual de devolver directamente a los ciudadanos a su país de origen.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, confirmó que su país ha recibido a miles de mexicanos deportados desde Estados Unidos. Según explicó, estas personas llegan en vuelos que también transportan a ciudadanos guatemaltecos deportados y permanecen en territorio guatemalteco durante un periodo corto antes de continuar su viaje hacia México.
Las autoridades guatemaltecas aseguran que no están funcionando como un tercer país seguro para los mexicanos deportados. El Gobierno de Arévalo sostiene que los ciudadanos mexicanos permanecen normalmente menos de 24 horas en Guatemala y después son trasladados hacia México, por lo que el país considera que actúa como un punto de tránsito y no como destino definitivo.
La cifra resulta especialmente llamativa al compararla con años anteriores. Guatemala recibió solamente 15 ciudadanos mexicanos deportados en 2025, mientras que en los primeros meses de 2026 el número aumentó hasta superar los 2.300. Honduras también comenzó a recibir mexicanos deportados y organizaciones especializadas han documentado cientos de casos.
El Gobierno mexicano ha expresado su rechazo a esta práctica. La Cancillería de México sostiene que sus ciudadanos tienen derecho a regresar directamente a su territorio y ha informado que trabaja para garantizar el retorno de los mexicanos que son enviados inicialmente a países de Centroamérica.El cambio forma parte de una política migratoria estadounidense que ha incrementado el uso de terceros países para ejecutar deportaciones.
La Administración Trump ha establecido acuerdos y mecanismos de cooperación con diferentes gobiernos latinoamericanos, ampliando las rutas utilizadas para expulsar a personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización migratoria.Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han cuestionado la medida porque consideran que puede aumentar la incertidumbre de las personas deportadas.
Reuters recogió el caso de un mexicano que afirmó que, antes de ser enviado en avión hacia Centroamérica, simplemente le dijeron que debía abordar el vuelo, sin explicarle claramente cuál sería su destino final.
Expertos en migración también consideran que el traslado por Guatemala u Honduras podría tener un efecto disuasorio. Al alejar físicamente a los deportados de la frontera estadounidense, la medida podría dificultar un eventual intento de regresar a Estados Unidos y aumentar el costo y la complejidad de cualquier nuevo desplazamiento.
Sin embargo, los motivos exactos de esta estrategia no han sido explicados completamente por Washington.El caso marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense y plantea una pregunta que afecta directamente a millones de latinoamericanos: ¿hasta dónde puede llegar el uso de terceros países para ejecutar deportaciones? Mientras Washington defiende su política migratoria, México reclama el derecho de sus ciudadanos a regresar directamente a su territorio y organizaciones internacionales observan con preocupación una práctica que podría extenderse a otras nacionalidades de América Latina.
Fuente: Associated Press.
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