Por Juan Carlos Bejarano B.
Abelardo de la Espriella parece haber encontrado su propio chivo expiatorio, su paganini, la nacionalidad extranjera sobre la cual descargar parte de la responsabilidad por la inseguridad y los problemas de Colombia: los venezolanos.
En Colombia viven aproximadamente 2,8 millones de venezolanos. Representan cerca del 90 por ciento de la población migrante del país y alrededor de 848.000 se encuentran en situación migratoria irregular.
En situación irregular. Así debe decirse.
La palabra “ilegal”, utilizada para referirse a una persona, siempre me ha parecido injusta. Ningún ser humano es ilegal. Podrán ser irregulares su estatus, sus documentos o su forma de ingreso a un país, pero nunca su existencia.
Por supuesto que estoy de acuerdo con perseguir a quienes cometan delitos. Quien roba, extorsiona, asesina o pertenece a una organización criminal debe responder ante la justicia, sea colombiano, venezolano, inglés o chino. Y si después del debido proceso la ley permite expulsar del país a un extranjero condenado por delitos graves, que lo hagan.
También me parece indispensable combatir estructuras como el Tren de Aragua.
Pero encontrar verdaderos criminales exige inteligencia, investigación, infiltración y un trabajo serio de las autoridades. Los delincuentes experimentados saben esconderse, mantener un bajo perfil y evitar los radares oficiales.
Mucho más fácil es salir a las calles a perseguir al vendedor ambulante, al domiciliario, al mesero, a la mujer que limpia habitaciones en un hotel o al trabajador que lleva años ganándose la vida honestamente, pero todavía no ha podido regularizar sus documentos.
Es más fácil detener al vulnerable que encontrar al criminal.
Los colombianos deberíamos comprenderlo mejor que nadie. Más de 5,5 millones de nuestros compatriotas viven en el exterior. Es decir, cerca del diez por ciento de nuestra población. La proporción mundial de personas que viven fuera del país donde nacieron es de apenas el 3,7 por ciento.
Colombia es, desde hace décadas, un país que exporta gente.
Y esos 5,5 millones hemos tenido que comenzar de nuevo en otra tierra. Nos ha tocado hacer de todo, aceptar trabajos para los cuales estábamos sobrecalificados, soportar humillaciones, aprender otro idioma, rebuscarnos la vida y enviar parte de lo poco que ganábamos para ayudar a nuestras familias.
Con nuestras remesas también hemos ayudado a sostener la economía del país que dejamos atrás.
Y los colombianos sí que sabemos lo que significa vivir bajo el peso de un estigma. Durante años, nuestro pasaporte fue motivo de sospecha. Nos requisaron una y otra vez en los aeropuertos. Nos hicieron interrogatorios interminables en las oficinas de inmigración. Revisaron (y siguen revisando) nuestras maletas y nos miraron como posibles narcotraficantes únicamente por haber nacido en Colombia.
Unos pocos escogieron el camino del narcotráfico, pero la sospecha cayó sobre todos nosotros.
Por eso me cuesta comprender que ahora algunos colombianos quieran hacerles a los venezolanos lo mismo que durante tantos años denunciamos cuando nos lo hacían a nosotros.
El expresidente Iván Duque, por quien no voté, tuvo la humanidad y la visión necesarias para abrir un camino de regularización que terminó beneficiando a cerca de 2,3 millones de venezolanos. Aquella decisión les permitió trabajar legalmente, acceder a servicios y comenzar a salir de la clandestinidad.
También permitió que empresas colombianas contrataran personas preparadas y aprovecharan una experiencia laboral que, muchas veces, los recién llegados no podían demostrar con un diploma o un documento.
Reconocer aquella decisión no significa convertirse en uribista ni compartir las ideas políticas de Duque. Significa tener la honestidad de admitir que hizo algo correcto.
Hace tres meses recorrí varias ciudades de Colombia. En hoteles, restaurantes y tiendas encontré venezolanos que atendían con respeto, amabilidad y eficiencia. Cada vez que tenía oportunidad les preguntaba si soñaban con regresar a Venezuela.
La mayoría me respondió que se sentía feliz e integrada en Colombia y que no pensaba regresar.
En Palmira asistí, por solidaridad, al funeral de una joven venezolana que murió de cáncer. En medio del dolor conocí a sus padres, a su hijo y a otros familiares. Habían enterrado a una de las suyas lejos de la tierra donde nació, una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una familia inmigrante.
Sin embargo, me dijeron que querían quedarse en Colombia. Estaban agradecidos por la oportunidad que el país les había dado y ya consideraban esta tierra como su hogar.
Aquella familia no pertenecía al Tren de Aragua.
Era una familia destrozada por el cáncer, reunida alrededor de un ataúd, tratando de reconstruir su vida en un país que había aprendido a sentir como propio.
La inmensa mayoría de los inmigrantes no abandona su casa, su familia, sus amigos y sus recuerdos para convertirse en delincuente. Se va porque no encuentra otra salida. Trabaja, madruga, aguanta y muchas veces acepta en silencio condiciones que un trabajador local jamás aceptaría.
Por eso, en lugar de convertir la irregularidad migratoria en una condena colectiva, el Gobierno debería ofrecer una nueva oportunidad de regularización a quienes están trabajando, tienen arraigo, carecen de antecedentes y quieren aportar al país.
Créanme: un inmigrante con papeles trabaja mejor, paga impuestos, denuncia los abusos y deja de ser una presa fácil para quienes se aprovechan de su miedo. La irregularidad no elimina al inmigrante; solamente facilita su explotación.
Presidente Abelardo de la Espriella: persiga a los criminales. Desmantele al Tren de Aragua. Expulse, respetando el debido proceso, a quienes hayan llegado a Colombia a robar, extorsionar o matar.
Pero no convierta en criminales a quienes solamente se están buscando la vida.
No persiga al mesero por el delito de servir una mesa, al vendedor por abrir su negocio, al domiciliario por recorrer las calles ni a una familia por haber encontrado en Colombia el hogar que perdió en Venezuela.
Eso no produce seguridad. Produce miedo, xenofobia y división.
Y Colombia, un país que ha enviado a millones de sus hijos a buscar oportunidades por todo el mundo, no tiene derecho a olvidar tan pronto lo que significa llegar a una tierra extranjera con una maleta, unos pocos documentos y la esperanza de comenzar de nuevo.
Fotos²; @venez_olanosenclombia, archivo personal.
By
