Crecí en Colombia en los años setenta y ochenta, cuando la producción de cocaína empezó a extenderse por el país.
Con ella apareció una nueva clase de hombres poderosos, ricos y estrafalarios: los narcos.
Vi de cerca cómo la guerra entre los carteles de Medellín y Cali dejaba una estela de sangre, destrucción y muerte.
En esos años, ser colombiano podía convertirse en un problema al viajar. Bastaba mostrar el pasaporte para que algunos nos miraran como posibles mulas o narcotraficantes.
Colombia lleva décadas combatiendo este negocio. Policías, soldados y civiles han pagado un precio inmenso.
Incluso durante el Gobierno de Gustavo Petro, al que muchos señalan de ser blando frente al narcotráfico, la Policía reportó más de 165.000 capturas por delitos relacionados con drogas entre agosto de 2022 y septiembre de 2025.
No quiere decir que fueran 165.000 grandes capos: la cifra incluye capturas por distintos delitos y niveles del negocio.
Pero sí demuestra que la lucha contra las drogas no se detuvo.
Cuando Pablo Escobar fue abatido, muchos pensamos que el narcotráfico empezaría a desaparecer. Recuerdo que ese día sentí alegría por la muerte de alguien.
Fue la única vez que me ha ocurrido, y creo que muchos colombianos sintieron algo parecido.
Después cayeron los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali. Otros capos se entregaron o fueron capturados, entre ellos hombres del cartel del Norte del Valle.
Pero el negocio no cayó. Se multiplicó. Las estimaciones de producción potencial en Colombia pasaron de unas 230 toneladas en 1995 a 2.664 en 2023.
Las mediciones se hicieron con metodologías distintas, así que no es una comparación exacta. Pero la dimensión del cambio es imposible de ignorar: la producción potencial se multiplicó casi por diez desde los años de Escobar.
Y si antes hablábamos de unos pocos carteles, después aparecieron muchos más grupos. Algunos con ejércitos propios.
Guerrillas, paramilitares y organizaciones criminales disputándose territorios, rutas y cultivos.
El negocio también se entiende mirando el dinero.
Según estimaciones citadas por InSight Crime, un kilo de cocaína que en Colombia puede venderse por unos 2.000 dólares puede alcanzar hasta 25.000 dólares en Estados Unidos y 35.000 en Europa.
No toda esa diferencia es ganancia limpia:
hay intermediarios, costos y riesgos en cada tramo. Pero el contraste muestra dónde aumenta el valor y por qué las redes criminales luchan por controlar las rutas y los mercados.
Y la cocaína no era solo una tragedia lejana, escondida en las montañas de Colombia.
En 2019, una investigación periodística examinó nueve lugares del Parlamento británico y encontró rastros de cocaína en cuatro.
No se podía saber quién los había dejado.
Los baños podían ser usados por parlamentarios, personal, periodistas acreditados y sus invitados.
Pero la imagen era difícil de ignorar: mientras Colombia seguía poniendo muertos, en uno de los centros de poder de Europa la cocaína también había dejado su huella.
En un país donde millones de personas viven en la pobreza, siempre habrá quien vea en este negocio una salida rápida.
Eso no justifica el crimen.
Pero sí obliga a mirar las condiciones que hacen posible el reclutamiento y la dependencia de las economías ilegales.
Y aquí está mi punto principal: mientras haya consumidores, habrá alguien dispuesto a venderles cocaína, opioides, heroína, metanfetaminas y otras drogas.
Por eso la lucha contra las drogas no puede recaer solo en los países productores.
Tiene que ser una responsabilidad compartida con los países que las consumen.
En 2005, el entonces vicepresidente Francisco Santos llevó a Europa un mensaje que todavía hace falta repetir: el problema de las drogas también es responsabilidad de los países consumidores.
*(unodc.org).Colombia y los colombianos no podemos seguir cargando solos con el estigma.
Quien consume no es lo mismo que quien asesina.
No se trata de equiparar a una persona con un sicario o un capo. Pero tampoco podemos fingir que la demanda no tiene consecuencias.
Cada línea que se consume sostiene, aunque sea a distancia, un negocio que deja sangre en su recorrido.
La lucha colombiana contra las drogas debe continuar. Ojalá el presidente De la Espriella logre llevar a prisión a los grandes capos.
Pero mientras los países más ricos del mundo no hagan su parte; interceptando más cargamentos, enfrentando de verdad el lavado de activos y tratando el consumo, sobre todo, como un asunto de salud pública, esta guerra seguirá siendo inútil.
Y una cosa más para los consumidores; Pablo Escobar no fue ningún Robin Hood. Fue un criminal despiadado que quiso doblegar a Colombia con bombas y terror. Miles de inocentes pagaron por su ambición.
Texto: Juan Carlos Bejarano B.
Foto: Policía Nacional de Colombia.
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