BUENOS AIRES — 23 DE AGOSTO DE 2026. El conflicto por las tierras ancestrales volvió a ocupar el centro del debate en Argentina después del operativo de desalojo contra las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Lof Melo, en la provincia de Neuquén.
El procedimiento comenzó el 19 de agosto en el paraje Coihue-Brazo Huemul, cerca de Villa La Angostura, y provocó fuertes críticas de organizaciones indígenas y de derechos humanos.
El territorio en disputa corresponde al denominado Lote Pastoril 42, conocido como El Pedregoso, un área de aproximadamente 625 hectáreas ubicada sobre la Ruta Nacional 40, en el departamento Los Lagos. Las comunidades sostienen que mantienen una presencia histórica en esas tierras y reclaman el reconocimiento de sus derechos territoriales.
Uno de los elementos centrales de la controversia es que el propio Estado argentino había reconocido parte de esa presencia. En 2023, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció oficialmente la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Kinxikew sobre el territorio relevado. Sin embargo, ese reconocimiento no se transformó en un título de propiedad comunitaria.
Las comunidades denunciaron además irregularidades durante el procedimiento y señalaron que durante semanas tuvieron dificultades para acceder al expediente judicial. Organizaciones que respaldan a los mapuche también denunciaron el uso de fuerzas de seguridad y cuestionaron la forma en que se ejecutó la medida.
Estas denuncias forman parte de la controversia y no equivalen, por sí mismas, a conclusiones judiciales definitivas.El caso ocurre en un momento particularmente sensible para los pueblos originarios argentinos. En diciembre de 2024, el Gobierno de Milei derogó el régimen de emergencia territorial establecido por la Ley 26.160, que había establecido mecanismos de protección frente a desalojos mientras se realizaban relevamientos de tierras indígenas.
Al mismo tiempo, el Gobierno impulsa un proyecto relacionado con la propiedad privada que, según sus críticos, podría facilitar procedimientos de desalojo más rápidos en territorios reclamados por comunidades indígenas.
El debate ha generado una fuerte división entre quienes defienden el derecho de propiedad privada y quienes advierten sobre la protección constitucional de los pueblos originarios.La tensión no se limita a Neuquén.
Según reportes recientes, otros conflictos territoriales que involucran comunidades indígenas también se han registrado en provincias como Jujuy y Misiones. El escenario refleja una disputa más amplia sobre cómo deben resolverse los reclamos históricos de tierras y hasta dónde debe llegar la protección estatal de las comunidades originarias.
Para las comunidades mapuche, el conflicto representa una amenaza a territorios que consideran ancestrales. Para quienes respaldan las decisiones judiciales, en cambio, los desalojos forman parte de procesos vinculados con disputas de propiedad que deben resolverse mediante los mecanismos establecidos por la Justicia.
La diferencia entre ambas posiciones ha convertido el caso en uno de los conflictos territoriales más sensibles de la Argentina actual.
El desalojo de Kinxikew y Melo vuelve así a colocar sobre la mesa una pregunta que trasciende a Neuquén: ¿cómo puede Argentina conciliar el derecho a la propiedad privada con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus territorios ancestrales? Mientras continúan las movilizaciones y el debate político, el conflicto amenaza con convertirse en un nuevo punto de tensión entre el Gobierno, las comunidades originarias y las organizaciones de derechos humanos.
Fuente principal: Agencia EFE.
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