Dieciocho años después del asesinato del migrante ecuatoriano Marcelo Lucero en Long Island, Nueva York, su familia ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un proceso que podría marcar un precedente internacional sobre la responsabilidad de los Estados frente a la violencia y la discriminación contra los latinos.
Lucero, originario de Ecuador, fue asesinado el 8 de noviembre de 2008 por un grupo de adolescentes que, según los antecedentes del caso, salía a buscar y atacar a inmigrantes hispanos. Tenía 37 años y había llegado a Estados Unidos años antes con el propósito de trabajar y ayudar económicamente a su familia.Su hermano Joselo ha mantenido durante casi dos décadas una lucha para que el caso no sea considerado únicamente como el asesinato de un hombre, sino como parte de un problema más amplio relacionado con la discriminación contra la comunidad latina.
La audiencia ante la CIDH representa un momento especialmente relevante porque la comisión analiza públicamente si las autoridades estadounidenses tuvieron responsabilidad por las condiciones que permitieron que se desarrollara un clima de odio contra los inmigrantes latinoamericanos.
Los representantes de la familia sostienen que la retórica antiinmigrante y determinadas políticas públicas pueden contribuir a crear un ambiente en el que los latinos sean vistos como una amenaza o como personas que deben ser perseguidas. Entre las organizaciones que respaldan el caso están LatinoJustice y el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Uno de los puntos que genera mayor atención es el posible impacto que tendría una decisión de la CIDH. Si la comisión determinara que Estados Unidos tuvo responsabilidad internacional en el caso, sería un precedente de gran relevancia sobre la obligación de los gobiernos de prevenir contextos de discriminación y violencia contra las comunidades migrantes.
La familia también ha solicitado medidas de reparación y cambios relacionados con los acuerdos conocidos como 287(g), que permiten a determinadas agencias policiales estatales o locales colaborar con las autoridades federales de inmigración.
También se han planteado programas educativos destinados a prevenir el odio y la discriminación.Para Joselo Lucero, la batalla continúa porque considera que el problema que enfrentó su hermano no pertenece únicamente al pasado. En declaraciones recogidas por medios internacionales, ha advertido que muchos latinos vuelven a sentirse inseguros en Estados Unidos y que el ambiente actual le recuerda el contexto que precedió a la muerte de Marcelo.
El caso coloca nuevamente en el debate internacional la situación de millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos y plantea una pregunta que trasciende la historia de una sola familia: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de un Estado cuando el discurso y las políticas públicas pueden contribuir a generar un ambiente de discriminación contra una comunidad? La respuesta de la CIDH podría tener repercusiones mucho más allá del caso Lucero.
Fuentes: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), El País y EFE/Swissinfo.
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